Auditoria completa del fútbol profesional
UPyD reclamará este miércoles al Gobierno que realice una auditoría completa del fútbol profesional y de las ayudas públicas
Las cuentas del fútbol se encuentran bajo sospecha. El grupo parlamentario de UPyD ha registrado en el Congreso una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que realice, con las autoridades de control de la competencia y con el Tribunal de Cuentas, "una completa auditoría al fútbol profesional" y de las subvenciones y ayudas públicas, directas o indirectas, que han recibido los clubes para ver su compatibilidad con las normas de competencia españolas y europeas.
Según UPyD, "las ayudas públicas, directas o indirectas, a los clubes de fútbol profesional españoles son un hecho de sobra conocido y muy extendido en nuestro país" y cita como ejemplo "la publicidad de ayuntamientos, diputaciones provinciales o comunidades autónomas en las camisetas de los equipos u otros patrocinios de entidades públicas".
También menciona casos de que "un Ayuntamiento recalifique terrenos para favorecer la venta de un estadio y la construcción de uno nuevo, o que directamente se dedique a construir dichos estadios para sus equipos locales, cediéndolos después a los clubes de fútbol profesional a asequibles precios, muy alejados de los de mercado. Desgraciadamente, las innumerables ayudas públicas que ha recibido el fútbol profesional tampoco han conseguido o favorecido que los equipos tengan una saneada situación económica, sino que ha colaborado precisamente a lo contrario".
"Los equipos han destinado cada vez mayores gastos a fichajes multimillonarios, inflando un mercado que la postre se ha vuelto en su contra, como lo demuestra la situación concursal en la que se encuentran o han pasado nada menos que 20 equipos españoles, cuyos concursos han podido salir adelante sin recurrir a la liquidación solo gracias (una vez más) a fondos públicos de instituciones o entidades controladas por los partidos políticos, como Cajas de Ahorros o otros entes del sector público, que han condonado o refinanciado las deudas existentes, con una finalidad claramente electoralista", agrega
Agravio respecto a otros clubes
UPyD recalma que "a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), los clubes de fútbol españoles aún deben mas de 600 millones de euros a la Hacienda Pública que destaca con el trato que ese organismo público suele dispensar a ciudadanos anónimos normales".
"Esta situación supone también un importante agravio no sólo hacia el resto del deporte no profesional, cada vez más precarizado y abandonado, sino incluso para los equipos de fútbol semi-profesionales que juegan en 2ª División B y Tercera División o categorías inferiores. Estos equipos afrontan mayores dificultades financieras que los clubes profesionales y sin embargo carecen de sus ayudas, viendo como sus ingresos por patrocinios y publicidad caen en picado, ayudados también por la falta de una cultura y una Ley de Mecenazgo eficaz que pueda impulsar el deporte amateur", añade.
Concluye que "estas ayudas no sólo contravienen el derecho europeo y suponen una ventaja para nuestros equipos con respecto a los del resto de Europa, sino que suponen también un importante agravio hacia el resto de la ciudadanía y el mundo empresarial, en una situación de acuciante crisis como la que vivimos actualmente".
El origen de la iniciativa
El origen de esta iniciativa es el expediente abierto en diciembre por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, a una serie de equipos de fútbol profesional españoles para esclarecer si estos habían recibido ayudas públicas incompatibles con las normas comunitarias.
La Comisión investiga el estatus fiscal de los clubes a los que se permitió no convertirse en sociedades anónimas (Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna), ya que pueden tributen en el Impuesto de Sociedades un 25% en lugar de un 30% como el resto.
Además, también se investiga al Real Madrid por si recibió ayudas públicas ilegales en la recalificación de su antigua Ciudad Deportiva, así como los avales que la Generalitat valenciana otorgó a los préstamos de 118 millones que recibieron el Hércules, el Elche y el Valencia.
